De acuerdo con la averiguación previa PGR/TLAX-5/696/2011, elementos de la Policía Federal, al encontrarse realizando un recorrido de inspección y vigilancia en el kilómetro 010+900 de la carretera Puebla-Tejocotal, tramo Apizaco-Chignahuapan, se le solicitó al conductor de la unidad color blanca marca Masa, modelo 1992 placas de circulación 029RK9 del Servicio Público Federal detuviera su marcha para solicitarle la licencia correspondiente.
Derivado de esta revisión, se pudo detectar que el documento que presentó ante los policías federales, los colores de la tinta diferían en el tono que por lo regular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utiliza en las licencias así como la ausencia de las siglas “DGGF”. Por lo que se procedió a consultar la base de datos de la SCT, sin embargo, no se localizó el documento registrado.
Por tal motivo, el conductor confesó que había pagado la cantidad de mil 800 pesos a una persona que se encontraba afuera de la Secretaría de comunicaciones en el Distrito Federal. Debido a ello, los elementos federales pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a la persona y la unidad quien consignó la averiguación previa antes referida ante el Juez de la Causa.
En consecuencia, la persona fue trasladada al Centro de Readaptación Social de la ciudad de Tlaxcala, donde continuará su proceso penal.
Lo anterior forma parte de las tareas del Gobierno Federal para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, así como la tranquilidad de la ciudadanía.
El Poder Judicial de la Federación, giró instrucciones a la procuraduría General de la República (PGR) para que no difunda los nombres de los presuntos responsables algún delito y sus fotografías, sino hasta que estos sean encontrados culpables y sentenciados.
La resolución se adoptó con base en la reforma de 2007 al artículo sexto de la Constitución que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la modificación y rectificación de datos personales, tanto en poder de las dependencias de Gobierno como de empresas.
Los magistrados se basaron en los llamados derechos ARCO para los ciudadanos, es decir: acceso rectificación, cancelación y oposición sobre el manejo de sus datos personales.
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