Nacional.- Ahora son los señores y señoras sin nombre. Se les ha asignado un número de registro y con éste se les da seguimiento en archivos, expedientes, reportes y comunicaciones públicas.
Ante el constante desplome de casos, las acusaciones sin sustento de las autoridades aprehensoras y las denuncias por violaciones a derechos humanos, la Procuraduría General de la República ha decidido ocultar la identidad de quienes, todos los días, son detenidos por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la AFI.
A menos que se trate de uno de los supuestos grandes líderes de las organizaciones criminales que operan en el país o de uno de los capos cuyo nombre es de dominio público, los datos de los arrestados ahora se mantendrán en secreto durante el proceso ministerial.
De acuerdo con los lineamientos de la PGR, sólo se ventilarán detalles de la persona en casos de sentencias condenatorias de los jueces.
Así, quienes días antes fueron presentados de manera masiva por dependencias militares y policiales, que además difundieron sus nombres, sus edades, sus estados de origen y sus presuntos roles o funciones criminales, en las informaciones de la Procuraduría aparecerán ya como los hombres o las mujeres X.
De acuerdo con cada caso, sólo se aportarán las circunstancias de la detención; el lugar y la fecha en la que se consumó; una referencia de la autoridad responsable; el número de averiguación previa abierta, el plazo y las resoluciones de su situación jurídica y los delitos que son investigados.
Según cifras oficiales, de cada cuatro personas que son arraigados en el Centro de Investigaciones Federales del Distrito Federal, al menos una saldrá libre en el futuro por falta de pruebas, por evidencias insuficientes, por acusaciones falsas o incongruencias en el trabajo del Ministerio Público.
Cada año, en promedio se aplica esta medida cautelar en contra de mil 200 detenidos. Durante 2010, la cifra casi llegó a mil 700.
Esta medida de prevención, forma parte de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos de la sociedad civil de carácter nacional e internacional han dirigido a los mandos de la PGR.
En el último mes, la dependencia federal ha mantenido ocultos los nombres de al menos 50 individuos asegurados en operativos orquestados por las diversas corporaciones encargadas de la lucha anticrimen.
Ante el constante desplome de casos, las acusaciones sin sustento de las autoridades aprehensoras y las denuncias por violaciones a derechos humanos, la Procuraduría General de la República ha decidido ocultar la identidad de quienes, todos los días, son detenidos por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la AFI.
A menos que se trate de uno de los supuestos grandes líderes de las organizaciones criminales que operan en el país o de uno de los capos cuyo nombre es de dominio público, los datos de los arrestados ahora se mantendrán en secreto durante el proceso ministerial.
De acuerdo con los lineamientos de la PGR, sólo se ventilarán detalles de la persona en casos de sentencias condenatorias de los jueces.
Así, quienes días antes fueron presentados de manera masiva por dependencias militares y policiales, que además difundieron sus nombres, sus edades, sus estados de origen y sus presuntos roles o funciones criminales, en las informaciones de la Procuraduría aparecerán ya como los hombres o las mujeres X.
De acuerdo con cada caso, sólo se aportarán las circunstancias de la detención; el lugar y la fecha en la que se consumó; una referencia de la autoridad responsable; el número de averiguación previa abierta, el plazo y las resoluciones de su situación jurídica y los delitos que son investigados.
Según cifras oficiales, de cada cuatro personas que son arraigados en el Centro de Investigaciones Federales del Distrito Federal, al menos una saldrá libre en el futuro por falta de pruebas, por evidencias insuficientes, por acusaciones falsas o incongruencias en el trabajo del Ministerio Público.
Cada año, en promedio se aplica esta medida cautelar en contra de mil 200 detenidos. Durante 2010, la cifra casi llegó a mil 700.
Esta medida de prevención, forma parte de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos de la sociedad civil de carácter nacional e internacional han dirigido a los mandos de la PGR.
En el último mes, la dependencia federal ha mantenido ocultos los nombres de al menos 50 individuos asegurados en operativos orquestados por las diversas corporaciones encargadas de la lucha anticrimen.
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