Presentados a sí mismos como
"Mata-Zetas", los probables asesinos de 35 personas en Boca del Río,
Veracruz, parecen tener el perfil de un escuadrón de la muerte. Es
decir, un grupo dedicado a privar de la vida a indeseables, al margen de
la ley, dizque para hacer más eficaz el combate a la delincuencia.
El Gobernador de aquel Estado, Javier Duarte, lo anunció claramente el
20 de septiembre mismo. Lo hizo tan sin equívocos que parecía haberse
equivocado. Pero cada día es más claro que su Gobierno ha organizado, o
consentido, a este escuadrón de la muerte. Duarte dijo que los 35
cadáveres esparcidos en las calles de la zona metropolitana de Veracruz
eran muestra de que se combatía eficazmente a la delincuencia.
Un hecho concreto refuerza el vínculo entre la policía intermunicipal de
Veracruz-Boca del Río con ese asesinato. El 14 de septiembre, una
semana antes de que fueran arrojados como basura los cuerpos de 35
individuos, el jovencito Alan Michel Jiménez Velásquez fue capturado por
uniformados a bordo de la patrulla 717. Su madre trató de impedir el
arresto, que se producía sin ninguna orden judicial y en los días
siguientes se dedicó a buscar al adolescente. Llegó al extremo de acudir
al servicio forense donde se hallaban los 35 cuerpos y uno de ellos era
el de su hijo.
La policía no ha explicado cómo una persona detenida por sus agentes
aparece después asesinada. Tiene que exhibir el parte del día 14 para
que se conozcan las razones de la captura de Alan Michel y su destino:
si fue dejado en libertad, si quedó a disposición del Ministerio
Público.
Esperar que eso ocurra es ingenuo (aunque no por ello haya que dejar de
demandarlo). Proporcionar tal informe y explicación rompería la lógica
con que el Gobierno veracruzano ha querido presentar el caso. El
Procurador Reynaldo Escobar dijo que todos los asesinados tenían
antecedentes penales. El polémico diario Notiver publicó el viernes
pasado una lista de las víctimas, cuyos antecedentes contradicen la
información oficial. Veinticuatro muertos no aparecen ligados de ninguna
manera a la delincuencia.
Todos ellos fueron detenidos, quizá, del modo en que ocurrió a Alan
Michel. Después de la captura, o los propios agentes policiacos, en un
desdoblamiento de su personalidad, se invistieron de "Mata-Zetas" y lo
asesinaron, o lo entregaron al grupo que se mostró en un video como un
núcleo que trabaja en pro de la seguridad en Veracruz. Claro que en ese
mensaje videograbado, los "Mata-Zetas" se abstienen de decir de sí
mismos que se dedican a otras actividades delincuenciales, no sólo a
proveer tranquilidad a los veracruzanos.
El escuadrón de la muerte procedió con extrema crueldad, con barbarie,
para asesinar a sus víctimas. Las privó de la vida en Santa Fe, poblado a
unos 30 kilómetros de Veracruz. Según informó EL NORTE el viernes
pasado, ninguno de los muertos fue ultimado a balazos. Los mataron a
golpes asestados con objetos contundentes, como tubos y palos. Otros
murieron asfixiados pues se les mantuvo encerrados en un contenedor.
"Los cuerpos presentaban quemaduras de metal en el torso y las piernas
debido a que fueron recargados en el contenedor para ser atados de manos
con precintos de seguridad de plástico". Con información obtenida "en
fuentes cercanas a las investigaciones", EL NORTE dice que "los
precintos de plástico han sido usados por cuerpos de seguridad
institucionales y por efectivos de la Marina y el Ejército.
"'Esos precintos sólo los tienen en Estados Unidos o los usan fuerzas
especiales de aquí: Marina o el Ejército', consideró la fuente estatal
que tuvo acceso a las primeras indagatorias y que pidió omitir su
nombre".
La información añade que "los cuerpos tenían también rastros de tierra,
al parecer por haber sido arrastrados y para luego subirlos a las
camionetas de redilas", de donde se les arrojó al arroyo en la plazoleta
de los Voladores de Papantla.
EL NORTE concluye, en información que ratifica el que no eran zetas los
asesinados, que "entre los cuerpos había taxistas y policías locales,
así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo".
Como queriendo exorcizar con palabras este nuevo aspecto de la
violencia, el Gobierno federal negó que los "Mata-Zetas" sean un grupo
paramilitar, y más ampliamente consideró que "no existen ningunos
indicios (sic) de que exista este tipo de fenómeno". Las palabras de
Alejandra Sota, la vocera presidencial, quizá corresponden a la
formalidad doctrinal. Un grupo paramilitar es una banda de asesinos que,
organizados por el Ejército, con aquiescencia o no del Gobierno, y
dotados de entrenamiento y equipo propios de las Fuerzas Armadas,
realizan acciones al margen de la ley que el Ejército no puede asumir.
Ciertamente, no tenemos noticia de que militares hayan optado por crear
estas pandillas de asesinos. Las hubo en Chiapas durante el Gobierno del
Presidente Zedillo, en la guerra sucia contra el zapatismo armado y sus
bases de acompañamiento.
Pero la denominación es lo de menos. Lo ocurrido en Veracruz muestra
todos los visos de una agrupación asesina solapada y aun organizada por
un gobierno. Se pretendería que su acción contribuya a disminuir la
violencia que hierve y crece en Veracruz. Y como el hartazgo hace que se
prefiere el orden sobre los derechos humanos, el activismo de un
escuadrón de la muerte sería recibido, si no con aplausos porque no es
políticamente correcto, sí con silencioso beneplácito, en el entendido
de que es sano "que se maten entre ellos".
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