Distrito Federal.- Al iniciar su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, informó que en el sexenio de Felipe Calderón se han reclutado y formado 28 mil policías federales más, de los cuales 8 mil 600 se enlistaron en las universidades.
Según García Luna, esta fuerza permitió incrementar la capacidad de combate a delitos como el secuestro, el narcotráfico, en contraste con las policías municipales y estatales que, sostuvo, no han podido enfrentar los delitos del fuero común.
Refirió que, por ejemplo, al final del sexenio de Vicente Fox la policía federal sólo detuvo a 5 secuestradores, pero que en el mandato de Calderón ya son mil 695 por privación ilegal de la libertad, y 2 mil 554 relacionados con el tráfico de drogas.
Nuevamente planteó a la Cámara de Diputados aprobar el mando único policiaco estatal, con el argumento de que los 391 mil 800 policías en los estados, la mitad no tiene atribuciones para prevención o combate del delito, sino para aplicar sanciones administrativas, como multas de tránsito.
En las posturas de los partidos sobre la comparecencia de García Luna, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, legisladores resaltaron que todos los días se incrementan las violaciones a derechos humanos de las personas por parte de la Policía Federal.
La diputada Teresa Ochoa (Panal) afirmó que aun cuando cada vez hay más policías federales, más de 6 mil 300 han renunciado por distintas razones, y que sólo 200 han sido presentados al Ministerio Público por corrupción o comisión de delitos. Y, lamentó, en contraste con el aumento al gasto de la SSP, también ha crecido el número de ejecuciones en el país.
También, a partir de la solicitud de juicio político que PRD y PT presentaron ayer contra García Luna, se le insistió que él es uno de los responsables de la política que ha provocado más de 50 mil muertos en el país, allanamiento de domicilios, detenciones sin orden judicial y arraigos sin elementos y fabricación de expedientes.
Mas adelante, Presionado por los diputados de todas las bancadas –excepto el PAN-, el funcionario afirmó que si los legisladores quieren que alguien asuma el costo de la violencia generada por el combate al crimen organizado, él está dispuesto a hacerlo.
Afirmó que él se ha sometido a distintos controles de confianza e incluso retó a los diputados a que ellos también se hagan la prueba del detector de mentiras.
Antes, rechazó que la DEA tenga autorización para realizar operaciones en México, como la del presunto complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. “Solo tenemos intercambio de información pero no hay ninguna acción de orden operativo”.
Asimismo rechazó tener vínculos con el crimen organizado y de pactar con los narcotraficanes.
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