“Hasta parecía que nada más estaban esperando a que nos fuéramos para entrar a hacer sus destrozos”, se quejó una empleada de un taller de carrocería donde una docena de agentes de la Policía Federal irrumpieron durante la tarde de ayer.
Narró que ésta es la segunda ocasión que los uniformados inspeccionan el lugar, ubicado en la colonia Colinas de Juárez, bajo el pretexto de que recibieron una denuncia anónima de que en el sitio “tienen a alguien secuestrado”, mencionó la mujer, quien solicitó la reserva para su nombre por miedo a represalias.
Hace un par de meses los elementos de la Federación solicitaron que los dejaran revisar el negocio, sin embargo, esta vez rompieron una chapa y dos candados para poder ingresar debido a que nadie abrió.
“No hacía ni veinte minutos que nos habíamos ido, los vecinos nos hablaron para avisarnos que aquí estaba la Federal, que estaban forzando la entrada”, explicó.
Dijo que cuando ella llegó, observó que varios agentes se encontraban en el interior del establecimiento y que otros le impidieron la entrada.
También indicó que solamente pudo observar el número de una de las dos patrullas que se encontraban en el lugar, porque los oficiales cubrieron con sus cuerpos el de la otra unidad.
“Sí pude ver que una era la 11045, pero de la otra no supe porque estaba hasta la esquina y los federales no me dejaron verlo”, agregó la quejosa.
Adentro del taller todas las cosas se observaron revueltas; en la oficina varios aparatos electrónicos estaban desconectados y fuera de su lugar, mientras que unas habitaciones ubicadas en el segundo piso, zapatos y ropa estaban regados en el piso.
El dueño del taller, quien también pidió reservar su identidad, mencionó que los agentes de la PF removieron varias cámaras de circuito cerrado con las que cuentan el local.
“Las de arriba las desconectaron, una de abajo la voltearon y otra de plano la arrancaron, pero las de la calle, como están muy altas, a lo mejor ni las vieron y ésas debieron haber grabado todo”, indicó.
Manifestó que acudirá ante las autoridades ministeriales para interponer una denuncia legal por los hechos, para que quede constancia de lo que él consideró un abuso.
“Hasta ahorita no he hecho un recuento de las cosas que tengo en el taller, parece que no falta nada”, dijo.
Lo que sí supo es que la reparación de la puerta principal, así como la reposición de los candados que fueron violados le generó un costo de alrededor de mil pesos.
“Pedimos el apoyo de los medios porque los federales entraron arbitrariamente, pero pensamos que también podría ser un arma de dos filos, es la impotencia de verlos cómo actúan y de que vayan a querer tomar represalias”, agregó la empleada
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